Las reclamaciones a los administradores de dichas sociedades son cada día más numerosas, tanto por actuaciones culpables en el ejercicio de su cargo como por cuestiones objetivas en las que no ha mediado actuación negligente alguna. La que tratamos es la que viene regulada en el art. 135 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (por remisión del art. 69 de la Ley 2/1995, de Sociedades de Responsabilidad Limitada), en ocasiones llamada de responsabilidad individual de los administradores.

La Ley de Sociedades Anónimas rubrica el art. 135 como “Acción individual de responsabilidad” que tiene como bien jurídico protegido el patrimonio del socio o del tercero, y su eficacia depende de la existencia de un acto del administrador y una lesión directa a los intereses del tercero demandante, que como parte perjudicada ha de probar que el acto se ha realizado en concepto de administrador y que existe un nexo causal entre los actos u omisiones de éste y el daño que se le ha producido. En definitiva, es una responsabilidad basada en la concurrencia de un comportamiento doloso o culposo del administrador y un daño provocado por dicha conducta.